• El senador Guido Echeverri citó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a un debate de control político.
• La cartera de ciencia deberá rendir cuentas sobre la designación de recursos, el tránsito de sus convocatorias y las quejas de instituciones de educación superior.
Bogotá, 21 de abril del 2026. Irregularidades y vacíos técnicos se convirtieron en una constante en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dejando en vilo la ejecución de $5 billones.
¿Por qué es un problema? Más allá de la afectación directa al país por el estancamiento tecnológico y científico ante la ausencia de inversión y financiación, esto se traduce en un desgaste de esfuerzos para las instituciones de educación superior y centros de investigación.
Para el bienio 2023–2024 se diseñaron 11 convocatorias (de la 33 a la 43). Universidades, centros de investigación y entidades territoriales invirtieron meses en formular proyectos, construir alianzas interinstitucionales, cumplir requisitos técnicos y jurídicos complejos. Muchos obtuvieron calificación técnica favorable y entraron en las listas de elegibles. Sin embargo, ningún proyecto de esas 11 convocatorias fue aprobado antes del cierre del bienio el 31 de diciembre de 2024.
Los recursos pasaron al bienio 2025–2026 como ‘disponibilidad inicial’ (Decreto 0379 de 2025). Pero el problema no desapareció: se trasladó.
Ante este panorama, el senador Guido Echeverri Piedrahíta citó para el próximo 28 de abril al Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación a un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado de la República, en donde tendrá que responder por las fallas operativas en el lanzamiento de las convocatorias y el corto tiempo de las mismas.
Al debate se sumarán el Departamento de Planeación Nacional (DNP), la comisión rectora del Sistema General de Regalías (SGP), la Procuraduría, la Contraloría y los ministerios Minas y Hacienda, que junto al de Ciencias, rectores y gobernaciones integran el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCAD – CTeI).
Las entidades anteriores tendrán que justificar las consecuencias de lo que el senador Guido Echeverri describe como desconexión de Minciencias con las academias de ciencia y las comunidades académica y científica.
“Ha faltado administración, seriedad, responsabilidad y reconociendo a un sector que es tan importante para que la sociedad adquiera competitividad en términos económicos e industriales”, expresó el senador, quien además evidenció que sin comunicación no hay una relación que permita llegar a acuerdos para consensuar los grandes proyectos que requiere Colombia en materia de ciencias.
Desde el sector científico, la preocupación también es evidente.
Para Elisabeth Restrepo Parra, directora del Centro de Desarrollo Tecnológico INNTERFAZ de la Universidad Nacional de Colombia, esta situación no solo afecta la ejecución de recursos, sino la dinámica misma del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el país.
“Más allá de las cifras, lo que está en juego es la continuidad de procesos de investigación, el fortalecimiento de capacidades en las regiones y la confianza de las instituciones que participan en estas convocatorias. Cuando los proyectos no se ejecutan en los tiempos previstos, no solo se detienen avances científicos, también se afectan equipos de trabajo, alianzas construidas y oportunidades de desarrollo para los territorios”, señaló.
Asimismo, destacó que la planeación y la articulación entre los diferentes actores del sistema es clave para garantizar que estos recursos realmente se traduzcan en impacto.
“Es fundamental que exista una mayor coordinación entre las entidades del sistema, así como claridad en los procesos y tiempos de ejecución. La ciencia y la innovación requieren continuidad, y para ello se necesita una gestión eficiente que permita que los proyectos avancen y generen resultados concretos para el país”, agregó.
Antecedentes
• El bienio 2021–2022 mostró señales de baja ejecución. El 2023–2024 lo consolidó como crisis. El 2025–2026 está repitiendo las mismas condiciones.
• Los recursos no ejecutados no desaparecen, pero generan una consecuencia grave: las regiones y universidades que esperaban financiación tienen que replantear proyectos, actualizar costos, deshacer alianzas y empezar de nuevo.
• Hay una tutela interpuesta: la Gobernación de Bolívar demandó al Ministerio de Ciencia ante un juez de Cartagena en marzo de 2026 para proteger los derechos de los proyectos elegibles del bienio anterior.
• La Procuraduría convocó dos mesas institucionales sobre la crisis sin que se adoptaran decisiones concretas.
Lo que está en riesgo
$5 billones es aproximadamente el presupuesto anual de salud de 5 departamentos medianos. Es plata real, de los colombianos, que debía producir conocimiento y no lo hizo. Mientras tanto, investigadores, estudiantes de doctorado y comunidades en regiones apartadas siguen esperando.
